Un análisis de cómo el sistema de salud se ha adaptado para responder a 40 años de conflicto en Colombia

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La investigación busca conocer las consecuencias del conflicto armado en la salud física y mental de la población y en el sistema de salud, con el objetivo de ofrecer elementos que conduzcan a la elaboración de políticas públicas para intervenir y minimizar dichos efectos.

El 5 de marzo de 2020 se llevó a cabo la socialización de los principales resultados preliminares de la investigación War and Peace: the health and health system consequences of conflict in Colombia, que hizo un análisis comparado del acceso a los sistemas de salud, la calidad de la atención médica y la salud autopercibida, haciendo un énfasis en el departamento del Meta, entre personas que se encuentran y no se encuentran en condición de desplazamiento. La investigación es liderada por Óscar Bernal y Sebastián León Giraldo, de la Escuela de Gobierno; Catalina González Uribe y Germán Casas, de la Facultad de Medicina, de la Universidad de los Andes; y Rodrigo Moreno-Serra, de la Universidad de York.

En Colombia, la mayoría de personas se encuentran afiliadas al sistema de salud, pero este suele ser más restringido para la población desplazada que se encuentra en los municipios mayormente afectados por el conflicto, especialmente para los trabajadores informales, desempleados, o que habitan en una zona rural. En general, las personas en condición de desplazamiento tienen peor percepción de su estado de salud que aquellos que no. Quienes presentan condiciones que aumentan su vulnerabilidad como discapacidad, trabajo informal o se dedican a labores del hogar, tienden a tener peores valoraciones de su estado de salud. Al comparar los datos con la población no desplazada, se evidencia que la situación se agrava para los desplazados desempleados, pensionados, trabajadores informales, entre 44 y 64 años y de más de 65 años, y aquellos que viven en municipios fuerte y levemente afectados por el conflicto.

Los resultados también evidencian problemas de acceso a los sistemas de atención psicosocial en salud para las víctimas del conflicto armado en cuanto a la percepción de salud y utilización de servicios de salud por parte de los desplazados, lo cual hace necesario mejorar las políticas de inclusión y atención para esta población en el departamento. Los desplazados discapacitados son los que menos asisten a hospitales, quienes acuden, en primera instancia, a farmacias y curanderos. La mala calidad del servicio resulta uno de los factores relevantes para desmotivar el uso de los sistemas de salud, incluso bajo la presencia de instituciones médicas. Asegurar la calidad, particularmente para los más vulnerables, garantiza que estos servicios puedan ser utilizados correctamente y, simultáneamente, permite, a las instituciones prestadoras, hacer el adecuado seguimiento médico a las poblaciones de las cuales son responsables.

En la socialización de resultados participaron a secretarios de salud de departamentos como Cundinamarca, Cauca, Valle del Cauca, Magdalena, Guajira, Caldas y Guaviare, además, asesores de salud de otras gobernaciones, representantes de cajas de compensación familiar, el Ministerio de Salud, el Hospital Militar, miembros de las UTL del partido Farc que trabajan temas de salud, la Cruz Roja Colombiana, la Asociación Colombiana de Psiquiatría, Médicos sin Fronteras, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), entre otras con el objetivo de lograr representación de diferentes regiones del país.

Con los participantes se desarrollaron mesas temáticas que abordaron diferentes asuntos relevantes: los efectos del conflicto en la salud física y mental de las personas en el territorio colombiano y en el sistema de salud, así como las estrategias o respuestas a problemas que el conflicto causa en la salud y el diseño de un marco conceptual para entender los sistemas de salud en entornos de conflicto armado.

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