EPM: el fondo de la crisis

EPM no está blindada del abuso de poder de los políticos, lo que llama a una reforma de fondo.

Como si el país no estuviera atravesando la más profunda crisis sanitaria, económica y social de su historia, el señor alcalde de Medellín hizo estallar una bomba al atentar contra el frágil marco de gobierno corporativo de la segunda empresa más grande e importante del país.

Desde el mismo momento de la explosión y la renuncia de la junta directiva de la empresa, han abundado las interpretaciones y las hipótesis sobre las razones de la actuación del alcalde. Estas últimas van desde la inexperiencia del mandatario hasta la ejecución de una estrategia política, pasando por el enfrentamiento entre el alcalde y el sector empresarial antioqueño. De ser correcta cualquiera de estas hipótesis, la situación sería de inmensa gravedad para Medellín, para Antioquia, y para la economía colombiana.

En lo que sí hay un consenso entre el cúmulo de manifestaciones que se han expresado es en que al pasar por encima de la junta directiva para intentar la ampliación en el Concejo del objeto social de la empresa y para avanzar en la conciliación con los grupos de ingenieros que participaron en el desarrollo de Hidroituango, se rompieron las reglas de juego del gobierno corporativo de EPM, lo que ha puesto en riesgo su buena administración y la financiación de sus inversiones.
De hecho, un par de días después, Fitch, la agencia internacional de calificación de riesgos, rebajó la nota otorgada a la compañía, que pocas semanas antes había colocado bonos en el mercado internacional por la suma de 750 millones de dólares.

Las diferentes interpretaciones sobre lo ocurrido no han ido, sin embargo, al fondo del asunto. Que no es otro que haber mantenido la naturaleza de ‘Empresa Industrial y Comercial del Estado’ en EPM, cuando la Ley 142 de 1994 abrió la posibilidad de convertirla en una sociedad por acciones. Los antioqueños, orgullosos de su cultura cívica y emocionalmente ligados a la propiedad de la empresa, se resistieron al cambio en la naturaleza jurídica por el temor de que ello condujera a su privatización. Se conformaron con la existencia de un acuerdo tácito entre la ciudadanía y los políticos de Medellín para que estos no metieran sus narices en EPM, dejando que se manejara con criterios privados y que le transfiriera a la ciudad cuantiosas rentas anuales para financiar sus programas.

Muy bonito, pero muy peligroso. El Concejo de Medellín continuó actuando como asamblea de socios de la empresa y el alcalde, con el poder de nombrar a la junta directiva y al gerente. Sigue viva la correa de transmisión entre la política y la compañía; una espada de Damocles sobre el gobierno corporativo interno, por mejor diseñado que estuviera. El sector financiero y los inversionistas internacionales confiaron en que la empresa estaba blindada de la voracidad de los políticos por el mentado pacto implícito.

En una publicación de Fedesarrollo de 2003, Ulpiano Ayala y Jaime Millán afirmaron que el éxito de EPM se explicaba por “la combinación de la renta del recurso hidroeléctrico y los recursos humanos que permitieron desarrollarlo, pero, fundamentalmente, por el ejercicio de parte de los ciudadanos de Medellín de una forma de control de la gestión de la empresa que impidió su apropiación oportunista por la clase política”.

La verdad es que EPM no está blindada del abuso de poder de los políticos. Lo que llama a una reforma de fondo para garantizar el buen gobierno y su éxito futuro. Los ejemplos están a la vista: ISA y Ecopetrol, en donde los presidentes son designados y reportan a la junta directiva y esta, a su vez, por una asamblea de accionistas en la cual tiene representación el Gobierno Nacional.

EPM es demasiado importante para dejarla en manos de los políticos.

Carlos Caballero Argáez, 28 de agosto 2020, El Tiempo