Interrogantes sobre la confianza pública

En el último tiempo, dirigentes y autoridades se han dedicado a destruir la poca confianza existente

A mediados de los años noventa Francis Fukuyama publicó un libro titulado Confianza. Las virtudes sociales y la creación de prosperidad. Su tesis fundamental era que el bienestar de una nación, al igual que la capacidad de su economía para crecer y competir, depende del nivel de confianza inherente en la sociedad.

Recordé el libro de Fukuyama porque en Colombia no es claro que la confianza de la ciudadanía en el Estado y en sus instituciones sea un valor cultural que debe protegerse a todo costo. Sin confianza, una sociedad no es viable. En los últimos tiempos, sin embargo, dirigentes y autoridades se han dedicado a destruir la poca confianza existente.

Así lo señalan las encuestas de opinión y se percibe al revisar las decisiones del Gobierno y las opiniones de los políticos. No hay confianza en la justicia ni en la Policía, para poner el ejemplo de dos instituciones con las cuales interactúan los ciudadanos. Ni qué decir de la confianza en los gobernantes, en los órganos legislativos, en las entidades públicas o en el sector privado.

Se dirá que el país, como el mundo entero, ha padecido el impacto de una situación extraordinaria y desconocida como la pandemia de covid-19, que ha modificado las normas de la interacción social, generado miedo entre las gentes y afectado la confianza. Es cierto. Pero a eso hay que sumarle el irrespeto permanente a las reglas de juego, que da lugar a la inseguridad jurídica y económica.

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Los hechos más recientes relacionados con las empresas estatales lo confirman. Lo que viene sucediendo con el manejo de las Empresas Públicas de Medellín (EPM) ha puesto en riesgo su presente y su futuro. Primero fue la renuncia intempestiva de la junta directiva por no sentirse ni consultada ni partícipe en las decisiones adoptadas por el alcalde y el gerente y, hace pocos días, la confusa renuncia o el despido de este último.

El alcalde de Medellín cree que puede mandar a su antojo la empresa de servicios públicos más importante del país, pasando por encima de unas mínimas normas de comportamiento corporativo. Es el peligro de que políticos inexpertos manejen las empresas del Estado.

Y, para colmo de males, el expresidente Uribe Vélez se precipitó a sugerir la intervención administrativa de la empresa por parte del Gobierno Nacional, creando todavía más incertidumbre. Es como si los propios antioqueños quisieran destruir no ya la confianza de los ciudadanos y los acreedores en EPM, sino la misma empresa.

¿Con qué cara se le puede pedir a una comunidad que confíe en sus dirigentes si presencian este espectáculo en tal grado irresponsable?

El interés de Ecopetrol de hacerse con la propiedad de ISA es otro caso en el cual se olvida que hay accionistas minoritarios que invirtieron en las dos empresas, entre ellos los fondos privados de pensiones, con la seguridad de que sus derechos serían respetados por el accionista mayoritario y se encuentran, ahora, con el cambio en las reglas de juego.

La situación se agrava porque mediante un cuestionable “convenio administrativo” entre Ecopetrol y el Ministerio de Hacienda se omite el procedimiento establecido para vender empresas estatales –la Ley 226 de 1994–, que conduciría a efectuar una operación en condiciones de mercado, colocando a la Nación y a los accionistas minoritarios en igualdad de condiciones. Se le propina así un golpe al mercado de capitales cuando, en teoría, lo que el Gobierno buscaba era promover su desarrollo e inclusive había convocado una misión de expertos para tal fin.

¿Con qué nivel de confianza se van a acercar a la Bolsa de Valores de Colombia los inversionistas, personas naturales o fondos de pensiones?

Carlos Caballero Argáez, 12 de febrero 2021 , El Tiempo