La realidad quedó a la vista

Se destaparon problemas con los cuales un país como Colombia se acostumbró a vivir y no a resolver.

Estamos cumpliendo un año de vivir bajo la pandemia de covid. El mundo sabe, hoy en día, mucho más sobre el virus y, también, de las consecuencias del encierro. Aprendimos sobre los factores que propician el contagio, la mayoría relacionados con las condiciones en las cuales vive y trabaja la población. Se destaparon los problemas estructurales con los cuales un país como Colombia se acostumbró a vivir y no a resolver.

La desigualdad económica y social es uno de esos problemas. Está saltando a la vista por todos los lados. El manejo de la pandemia la exacerbó. Situaciones de por sí aberrantes se han agravado.

Un ejemplo clarísimo es el impacto que el cierre de los colegios tuvo en la ampliación de la brecha de desigualdad. Las mayores pérdidas de aprendizaje se generaron en los estudiantes más pobres. Con el riesgo de que este retraso les impida ingresar a la educación superior o que, simplemente, abandonen la escuela y nunca terminen el bachillerato. Sería la “catástrofe” a la cual se refirió el secretario general de las Naciones Unidas al advertir que “se podría despilfarrar un potencial humano incalculable, socavar décadas de progreso y agravar las desigualdades más arraigadas”.

Un análisis del Laboratorio de Economía de la Universidad Javeriana mostró hace unas semanas que, en Colombia, “el 63 por ciento de los estudiantes de grado 11 de bachillerato y grado 5.º de primaria de colegios públicos manifiestan no tener acceso a internet ni computador en sus hogares... A nivel regional se encuentra que, en el 96 por ciento de los municipios del país, menos de la mitad de los estudiantes tienen acceso a las herramientas tecnológicas necesarias para recibir clases virtuales”. Y que, adicionalmente, “el 48 por ciento de los rectores de colegios públicos del país consideran que sus docentes no tienen las habilidades técnicas ni pedagógicas necesarias para integrar dispositivos digitales a la enseñanza, en contraste con el 12 por ciento de los rectores de los colegios privados que manifiestan lo mismo”.

Eso no es todo. La calidad de la infraestructura física de los colegios públicos es en muchos casos lamentable. ¿Cómo es posible que el 10 por ciento de las sedes educativas están en zonas sin acueductos? Fecode, por otra parte, ha pedido que se provea “agua potable, baterías sanitarias e instalar lavamanos”. Hay quejas sobre el reducido tamaño de los salones y su falta de ventilación. ¿En dónde está la política educativa? ¿No es el momento para invertir en la infraestructura?

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La pandemia y sus consecuencias deberían haber hecho más conscientes al Gobierno, a los políticos, a los empresarios, a los gremios y a los líderes sindicales de los enormes problemas del mercado laboral y de los impuestos. En particular, de la informalidad del 60 por ciento, de la regresividad horrenda y la baja cobertura del sistema de pensiones, y de las deficiencias del sistema tributario en cuanto a su recaudo y a su nula progresividad.

Por eso, con plena justificación, Fedesarrollo ha planteado “una reforma integral que aborde cuatro temas de forma unificada: Las políticas social, laboral, pensional y tributaria”. La propuesta se estudió y discutió a lo largo de los últimos meses y se ha divulgado para contribuir al debate público con el convencimiento de que es la oportunidad para enfrentar la solución de los problemas de estructura, y no de seguir aplazándola. El ministro de Hacienda va a presentar en los próximos días el proyecto de reforma tributaria, y se conocerán las recomendaciones de las comisiones de expertos convocadas por el Gobierno.

Los problemas son muy complejos y hay que atacarlos integralmente. Por sí sola, otra reforma tributaria, por más necesaria que sea, no los resuelve.

Carlos Caballero Argáez, 12 de marzo 2021, El Tiempo