De las ‘urgencias’ a la ‘construcción’

El virus sacó a la luz la fragilidad del contrato social, de las reglas que rigen el pacto colectivo

Hace cuatro meses, cuando se iniciaron las cuarentenas en el país, nos preocupábamos por recomendar las medidas que el Gobierno y el Banco de la República deberían adoptar para hacer frente a los dos choques que sufrió simultáneamente la economía: el covid- 19 y el colapso del precio internacional del petróleo.

En las primeras de cambio, los economistas fueron conscientes de la prioridad que debía darse a fortalecer la infraestructura de salud y a suministrar apoyo financiero a los pobres y a los vulnerables durante la cuarentena. Era, en ese momento, el ‘trabajo de ambulancia’: atender la urgencia para enfrentar una crisis sin precedentes en la historia del mundo y del país.

Mucha agua ha pasado bajo los puentes en estos meses. Se magnificaron los problemas que venían de atrás, muchos de los cuales habían saltado a la agenda pública en las protestas callejeras de fines del año pasado. La inequidad, el miedo de las nuevas clases medias a revertir su ascenso económico, la desigualdad de oportunidades y la corrupción, entre otros.

La cuarentena no solamente generó el altísimo desempleo actual, sino que exacerbó la desigualdad, la pobreza y los problemas estructurales en lo social, lo económico y lo institucional. Mostró la gravedad de la informalidad laboral, las fallas de la educación y la capacitación para el trabajo, la precariedad del sistema de salud, las distorsiones del mercado laboral, la debilidad del tejido empresarial, las tensiones entre el Gobierno central y los gobiernos regionales.

En fin, el covid-19 sacó a la luz la fragilidad del ‘contrato social’, de las reglas de juego que rigen nuestro pacto colectivo. Es decir, la maltrecha relación de cada uno de los colombianos con sus conciudadanos y con el Estado.

Si este diagnóstico es correcto –y creo que lo es–, habría que planear el tránsito de las ‘urgencias’ (a pesar de que estas van a continuar y a extenderse por muchos meses) hacia la ‘construcción’ nacional. No a la ‘rehabilitación’, pues no se trata de volver al pasado, sino de diseñar el nuevo contrato social e intentar la solución del catálogo de problemas que nos agobian y que no pueden continuar sin enfrentarse de raíz, dejándolos para más tarde, con la esperanza de que surja alguien en el futuro que les ponga el pecho.

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En el nuevo pacto social, el Estado tiene que cumplir un papel mucho más activo y dinámico que el del pasado. Su función primordial debe ser la búsqueda de la equidad, sin dejar de lado la creación de la riqueza. Es que al Estado le corresponde proveer la infraestructura para la operación de los mercados y para que las gentes prosperen.

Porque, como lo ha recordado Juan Carlos Echeverry, “el 98 por ciento de la producción mundial sale de empresas motivadas por el lucro y se transa en mercados libres”. Dicho lo anterior, también es cierto que el bienestar social es requisito para el avance económico y que los gobiernos no pueden olvidar que el desarrollo es la fuente de bienestar de la sociedad.

Componente fundamental del bienestar son el empleo, la formalidad laboral, la ampliación de las clases medias y la igualdad de oportunidades. Toca diseñar un conjunto de reformas económicas y sociales, coherentes y no aisladas las unas de las otras. Es claro, por ejemplo, que hay que reformar la tributación como un medio para generar más empleo, más igualdad y más bienestar. No simplemente para incrementar los recaudos y cumplir en 2022 con los parámetros de la regla fiscal.

Así las cosas, después de cuatro meses, ahora el problema más angustioso y grave es la ausencia de liderazgo político. Sin política ni acuerdos mínimos, no hay manera de avanzar hacia el nuevo contrato social.

Carlos Caballero Argáez, 17 de julio 2020, El Tiempo