Una crisis de difícil solución

Muy bueno lo de la conversación nacional, pero preocupante extenderla hasta el 15 de marzo de 2020.

El impacto sobre la economía de los eventos que desataron las marchas de las últimas semanas ha sido notorio y se sentirá con fuerza el año próximo. De ahí la importancia de enfrentar la situación con audacia y rapidez. Lo peor que le puede pasar al país es que la economía se descarrile.

Las consecuencias sobre el comercio en general ya se han registrado, amenazan con afectar las ventas navideñas y comienzan a cambiar las previsiones para el 2020. La cotización del dólar, que superó por unos días los 3.500 pesos, va a transmitirse a los precios de los productos importados y a la inflación del año que viene, como ya lo han anotado varios analistas. Esto irá en detrimento de todos los consumidores, especialmente de los más pobres. Y es muy difícil que el crecimiento económico mantenga el ritmo del año que termina, lo cual afectará el desempleo, ya de por sí alto y en aumento. No es un panorama alentador.

La economía, las instituciones públicas y la política están estrechamente conectadas. El funcionamiento de los mercados depende de un espectro amplio de instituciones. Las reglas de juego para los agentes económicos, por ejemplo. La economía, afirman los académicos, está ‘incrustada’ en las instituciones. Es algo que los dirigentes políticos y el Gobierno deben tener en cuenta, por lo cual tienen que actuar rápidamente para despejar el horizonte. Muy bueno lo de la conversación nacional, pero preocupante extenderla hasta el 15 de marzo de 2020, cuando haya transcurrido la cuarta parte del año, para, después decidir lo que hay que hacer.

La salida de la crisis actual es, sin embargo, mucho más difícil que las que el país vivió en el pasado. Manuel Castells afirmaba en una entrevista publicada el domingo pasado por EL TIEMPO que “más de 8 de cada diez personas no confían en ninguna opción política”. Es un movimiento difuso, sin liderazgo, sin líderes, un “colectivo de redes... guiado por emociones, no por razonamientos”.

En la misma edición, Jorge Orlando Melo se refería al desencanto de los jóvenes con la clase política, con el Gobierno, con los resultados económicos, con las perspectivas de vida. Y resulta que cualquier solución del problema pasa por la relación entre el Gobierno y la clase política, porque el primero requiere el apoyo en el Congreso para la aprobación de cambios legislativos como los tributarios, en el cortísimo plazo, y como el de las pensiones, en el mediano. Es decir: ‘gobernabilidad presidencial’.

Es un fenómeno novedoso en Colombia. En el pasado hubo unos interlocutores de los gobiernos que tenían legitimidad, como los expresidentes de la República y el conjunto de individuos que conformaban el ‘establecimiento’ (empresarios, periodistas, intelectuales, profesionales, miembros del clero, entre otros), que interpretaban el interés nacional y lo anteponían a los intereses particulares. En esta oportunidad, estos intermediarios no se han visto por ninguna parte porque saben que no son aceptados por la opinión pública.

Si el diagnóstico de los sociólogos, los historiadores y los economistas es acertado, se necesitaría quien, o quienes, generara esperanza entre las gentes. Mostrar la posibilidad de un futuro mejor mediante cambios que respondan a las aspiraciones que se han manifestado, en particular la mayor igualdad. Lo que requeriría una reforma tributaria y una reforma pensional que busquen prioritariamente la equidad. Y habría que revisar con cuidado el presupuesto nacional para fortalecer los servicios de salud, educación y nutrición.

Pero, por sobre todo, hay que actuar con sentido de urgencia y con sensatez. Si se pierden la estabilidad y el crecimiento económico, quedaríamos en el peor de los mundos.

Carlos Caballero Argáez  06 de diciembre 2019 , El Tiempo